(Publicado en Escuela el 27 de febrero de 2018)
1. Acción y efecto de oponer u oponerse.
2. Disposición de algunas cosas, de modo que estén unas enfrente de otras.
3. Contrariedad o antagonismo entre dos cosas.
4. Conjunto de pruebas selectivas en que los aspirantes a un puesto de trabajo, generalmente en la Administración pública, muestran su competencia, que es juzgada por un tribunal.
Resulta curioso que para hablar del acceso a esta profesión sigamos utilizando un término que en sus tres primeras acepciones significa justo lo opuesto que colaborar o cooperar y en la cuarta es definido con palabras tan ajenas a lo educativo como juzgar o tribunal. Aunque quizá esto no deba extrañarnos teniendo en cuenta la importancia que las pruebas (otro término de semántica judicial) siguen teniendo en la evaluación cotidiana de nuestro alumnado y en la selección de su profesorado.
En las llamadas oposiciones docentes hay dos elementos sustantivos: los temas conceptuales y problemas prácticos de cada especialidad y esa segunda parte, a veces llamada didáctica, que suele consistir en la presentación y defensa de ciertos documentos programáticos.
Con mayor o menor ponderación de cada uno de ellos y con variaciones en su valor relativo respecto de la fase de concurso (ahí se juega si el sistema será hostil o propicio para los interinos), esos dos elementos han sido los ejes del acceso a la función pública docente desde hace décadas en España. Era más o menos así en aquellos años ochenta en que las convocatorias eran anuales, las pruebas comenzaban en julio y las convocaba el MEC en buena parte del país. Y también es así ahora que se convocan cada dos o más años, empiezan en junio, afectando al curso escolar, y son organizadas por unas administraciones autonómicas que no tienen pudor en ponerse de acuerdo para evitar eso que llaman efecto llamada.
